El gobierno español ha presentado a Bruselas un nuevo plan fiscal que busca fortalecer la economía y reducir el déficit y la deuda pública para 2031. Este ambicioso plan, que extiende el periodo de ajuste a siete años, incluye diversas reformas e inversiones repartidas en 20 áreas clave, con la meta de aumentar el crecimiento económico en un 3,3%. Entre las principales medidas figuran la ampliación de la asistencia por desempleo y el acceso de pequeñas y medianas empresas a una mejor financiación.

Medidas estructurales para una economía más competitiva

El plan se basa en reformas presupuestarias y en inversiones estratégicas para potenciar el capital físico y humano, la transición ecológica y la transformación digital. Según el documento, estas reformas reducirían el déficit estructural en 2,4 puntos en comparación con un escenario sin ajustes. Así, el esfuerzo fiscal anual proyectado sería de 0,4 puntos del PIB, ligeramente menor que los 0,43 puntos inicialmente previstos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Capital humano: clave para mejorar la productividad laboral

Uno de los pilares más destacados del plan es el desarrollo del capital humano, con medidas destinadas a incrementar la productividad laboral. Estas incluyen acciones para optimizar el flujo migratorio, mejorar las habilidades de los trabajadores y reducir la volatilidad en el empleo. El impacto de estas medidas se estima en un crecimiento de 1,0 puntos del PIB. Además de la reforma laboral de 2021, el gobierno planea implementar en 2025 una reforma del sistema de prestaciones por desempleo, con el objetivo de reducir el paro estructural en el país.

Impulso a las pymes y al capital físico

Para mejorar el entorno empresarial, el plan contempla medidas enfocadas en facilitar el acceso a financiación de las pymes a través de la Agencia de Crédito Oficial (ICO). Esta medida se centra en sectores con mayores barreras financieras y se complementa con un marco que agilice la ejecución de proyectos de inversión en el país. Asimismo, el ICO tendrá un papel protagónico en la promoción de viviendas asequibles, lo cual incluye iniciativas como la cesión de suelo público y la creación de instrumentos financieros público-privados.

Transición verde como motor de crecimiento

El 40% de los recursos de este plan fiscal están orientados a la transición verde, un área prioritaria dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030. Entre las medidas más relevantes están la modernización de las redes de distribución eléctrica y el fomento de las energías renovables, el autoconsumo y el almacenamiento de energía, con un impacto estimado de un punto adicional en el PIB durante el periodo de ajuste.

Reformas fiscales para la sostenibilidad económica

El plan incluye una serie de medidas fiscales para mejorar la sostenibilidad económica. En este sentido, se plantea hacer el sistema tributario más eficiente, siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos. A partir de 2025, estas medidas fiscales podrían incrementar la ratio de ingresos sobre el PIB en 0,3 puntos. Entre ellas, se encuentra la transposición de la directiva sobre el tipo mínimo del 15% para multinacionales y la optimización de convenios de colaboración entre instituciones autonómicas y nacionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal.

Transformación digital y tecnología avanzada

El componente digital del plan promueve el uso de inteligencia artificial mediante nuevos modelos de colaboración público-privada. Entre sus objetivos se incluye la creación de un modelo fundacional en español y el fortalecimiento de la red española de supercomputación.

En definitiva, este plan representa una apuesta integral del gobierno para revitalizar la economía española a través de medidas estratégicas en ámbitos como el capital humano, el apoyo a las pymes, la sostenibilidad fiscal y la transición ecológica, con el respaldo de un marco fiscal más robusto y adaptado a los desafíos futuros.

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